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BERLÍN. Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce
meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG
alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México,
República Dominicana y Perú.
El informe “Las
personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca, además, tras
entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la
percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los
gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes
las denuncian sufre represalias.
“La fotografía
de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la
situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el
gobierno no está haciendo un buen papel”, resumió en declaraciones a Efe
Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.
México es el
país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de
estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46
%), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).
En el extremo
contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %),
Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %)
y Costa Rica (24 %).
Entre ambos
grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %),
Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).
Las diferencias
entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción
tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la “experiencia
personal” de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.
En total, dos
tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los
últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras
en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe
así.
De entre los
encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la
lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan
en la dirección correcta.
No obstante,
mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la
clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras,
Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus
representantes lo están haciendo bien.
El presidente de
TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén
“siendo defraudados” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del
sector privado”.
“El caso Lava
Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción
está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para
unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en
especial, para los sectores más vulnerables”, argumentó.
Los hospitales
públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los
encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de
documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de
agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).
Por
instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son
percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47 % de los encuestados,
seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y
magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes
religiosos (25 %).
Destaca también
que en Venezuela el 73 % de los encuestados considera que la policía es sumamente
corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56 % de
los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un
soborno.
Salas destaca
que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo
que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.
TI considera que
la “medida más importante” contra la pequeña corrupción es dar una información
“completa sobre derechos y costos de los trámites”, explica Salas.
Es clave además
mejorar la “protección al denunciante”, un ámbito en el que “en América Latina
estamos en pañales”: “Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se
atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo”. EFE
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