MÁS NOVEDADES RD, SANTO DOMINGO.- La juez titular de la Segunda
Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
Clara Luz Almonte Gómez, condenó al propietario de varias discotecas ubicada en
Santo Domingo Este, a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 10
millones de pesos en favor del señor Juan Rodríguez Santos, que le acusó de
falsificación de documentos de comercio
en su perjuicio con el propósito de evadir el pago de las tributaciones correspondientes
a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI).
El imputado Samuel de Jesús
Polanco Cruz, alías Sammy Discoteca, Sammy Makumba, quien fue acusado de violar
los artículos 150, 151, 379, 401 y 405 del Código Penal, y quien deberá cumplir
la condena en la Cárcel de Najayo-Hombres, San Cristóbal.
El dispositivo de la sentencia
fue leído por la secretaria del Tribunal, Cecilia Estévez, el pasado martes 2
de mayo, en el que se consigna que fue encontrado culpable de falsedad y uso de
documentos falsos en escrituras de comercio, por lo que la magistrada entiende
que las penalidades impuestas son proporcionales al caso de que se trata.
El señor Rodríguez Santos, a
través de sus abogados licenciados Henry Rafael Soto Lara, Rafael Rivas Solano
y José Chía Sánchez, acusaron Sammy Discoteca, Sammy Makumba propietario de
varios centros de diversión, de perjudicarle económicamente a través de la
falsificación y publicación de documentos comerciales en la página de Internet
de la Dirección de Impuestos Internos, con el objetivo de evadir el pago de
tributaciones al Estado.
Según la acusación , el señor
Sammy Discoteca es el hecho de haber reportado o remitir sus declaraciones
impositivas vía Oficina Virtual (OFV) con el propósito de generar gastos y
adelantos sustentándolo en Números de Comprobantes Fiscales (NCFs) de Rodríguez
Santos, basado en transacciones inexistente o falsa, mediante el reporte de
numerosas transacciones inexistentes para justificar gastos y adelanto por
antes la DGI por montos considerables de dinero y con lo cual Rodríguez Santos
considera les causó daños y perjuicios.
Las penalidades solicitadas
por la parte demandante eran de 35 millones de pesos por los daños y perjuicios
ocasionados a su cliente, pero la magistrada entendió que 10 millones y 2 años
de prisión era proporcionar al daño infringido al agraviado.
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